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ABOGADOS LANDABEREA y ASOCIADOS

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LOS ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS EN CANTABRIA
LOS ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS EN CANTABRIA

Es de actualidad, y en mayor modo llegadas las fechas estivales en un municipio como el nuestro, Castro Urdiales. Por ello, desde el despacho de la localidad abogados landaberea y asociados, el letrado Don Sergio Landaberea Barrio, aborda brevemente la actual situación de los denominados alquileres vacacionales.
Resulta difícil tratar una cuestión normativa, sin que resulte árida para el lector. Con el presente vamos a tratar de plantearla, no como simple norma. Y más allá de su contenido sancionador. Sino como un instrumento del que podemos servirnos, y utilizarlo para nuestro propio interés.
Rentabilizar la propiedad mediante un arrendamiento vacacional, no es una cuestión que deba abordarse precipitadamente, sin analizar cual es la situación legal, e implicaciones que ello puede suponer para el propietario. No obstante, la práctica habitual nos hace concluir que es una decisión que se viene adoptando, sobre el único presupuesto de la rentabilidad, sirviéndose de la accesibilidad y difusión que ofrecen las plataformas webs para publicitar-ofrecer esos “alquileres vacacionales”.
Así pues, no abordaremos esta cuestión, desde el estricto prisma del propietario. Ni únicamente para salvaguardar y proteger al sector turístico local. Pese a que sería una defensa merecida, por la creación de empleo y riqueza que representa la citada industria para la localidad. Sino también para la protección de la propia marca Castro-Urdiales. Y es que entendemos fundamental, la correcta prestación de las ofertas y servicios turísticos que se ofrezcan desde el municipio. También de los alquileres vacacionales.
Partiendo de que conocemos la dificultad de ligar intereses y sensibilidades distintas, y en casos contrapuestas (establecimientos hoteleros, propietarios y usuarios). Tratamos de abordar esta cuestión, con la mejor, sino la única forma de compatibilizarlas: atender a las reglas.
Es actualmente la normativa aplicable, el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Constituyendo el instrumento normativo a través del cual se traspone para Cantabria, la Directiva 2006/123/ CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Desde abogados landaberea y asociados, tratamos con el presente artículo, no de ahondar en la misma. Sino de exponer, que la norma existe y no debe desdeñarse (además por las sanciones que pueden dimanar de su inobservancia). Sino para su puesta en valor, como un instrumento que, aún a buen seguro mejorable, no por ello debe resultar inservible.
Para ello partimos de que no hay que entender el Decreto como una norma que limita, o impide el derecho de un propietario a rentabilizar su propiedad. Complicándole su “puesta en valor” mediante el establecimiento de un sistema, más o menos complejo, que lleve a clasificarlo como un establecimiento de alojamiento turístico. Sino como un mínimo sistema de garantías.
Por ello, y al margen de cuales son las tramitaciones precisas, y en su caso las sanciones por incumplimientos. Nos centramos en la función de garantía que la norma supone para todos los agentes implicados.
Y si nadie duda ni cuestiona, que los establecimientos hoteleros, deben contemplar y aplicar la normativa a ellos aplicable. Pese al esfuerzo económico y de trabajo que ello les supone, (pero que finalmente redunda en la calidad del servicio). Innegable es, que una actividad regulada de los alojamientos turísticos extrahoteleros, garantiza la correcta competencia con los establecimientos hoteleros y turísticos de nuestra localidad.
La observancia de la normativa, es igualmente garante del régimen de funcionamiento y de prestación de los servicios, para todos aquellos que quieran visitar nuestra localidad sirviéndose de éstos. Y decimos que la norma es garantía, ya que exige una declaración responsable del titular ante la administración. En la que consten los datos necesarios para la identificación de la empresa y del establecimiento, incluyendo la relación de unidades de alojamiento, el periodo anual de apertura y la modalidad y categoría bajo las cuales va a ofertar y prestar sus servicios. Redundando en seguridad para el usuario-visitante, entre otras por:
- La obligación del titular del establecimiento de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional que dé cobertura a los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad de alojamiento turístico extrahotelero.
- Sometimiento del mismo al control por parte de los servicios de inspección de la Dirección General de Turismo. A los efectos de comprobar que todos los establecimientos de alojamiento turístico extrahotelero abiertos al público iniciaron su actividad previa presentación de la preceptiva declaración responsable; y que sus características y régimen de explotación se corresponden con lo manifestado en dicha declaración responsable; que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa turística vigente para la modalidad y categoría bajo las cuales ofertan y prestan sus servicios turísticos.
- Conocer que para su clasificación, se ha tenido en cuenta la calidad de sus instalaciones y de los servicios prestados, y de conformidad con los requisitos exigidos para cada modalidad y categoría. Que su capacidad en plazas venga determinada por parámetros exigidos en la normativa. Que cuente con un sistema de seguridad y protección contra incendios, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. Así como la protección de sus derechos en calidad de consumidores, pudiendo formular reclamaciones y ejercitar los procedimientos administrativos y judiciales idóneos para el mantenimiento y reposición de sus derechos, etc.
Todo lo cual, encuentra su “acreditación” pública, en el hecho de que todas las unidades de alojamiento, deben estar identificadas con un número, debiendo figurar esa identificación en el exterior de la puerta de entrada, de forma clara y suficientemente visible desde todos los accesos.
Y si importantes son las garantías de la competencia hotelera, y de los usuarios. Desde el despacho abogados landaberea y asociados, queremos advertir, que no lo son menos, las garantías que la misma norma también supone para los propietarios. Ya que, también implica delimitar la realidad de la relación contractual del propietario-titular con el usuario, diferente de la de un “simple” arrendamiento. Obligaciones para los usuarios de esos establecimientos, tales como los deberes de:
- Observar las normas usuales, además de las particulares de los lugares, instalaciones y empresas cuyos servicios disfruten o contraten.
- Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o en el plazo pactado, sin que, en ningún caso, el hecho de presentar una reclamación exima de las obligaciones de pago.
- Respetar las instalaciones del establecimiento.
Amén de las prohibiciones a los usuarios de estos alojamientos extrahoteleros. Tales como introducir muebles o realizar obras o reparaciones en el alojamiento; alojar un mayor número de personas de las que correspondan a la capacidad máxima fijada; ejercer la actividad de hospedaje a terceros en el alojamiento o destinarlo a fines distintos de aquéllos para los que se contrató; introducir materias o sustancias explosivas o inflamables u otras que puedan causar daños o molestias a los demás ocupantes del inmueble; realizar cualquier actividad que entre en contradicción con los usos de convivencia, higiene y orden público habituales o que impida el normal descanso de otros usuarios del inmueble; introducir animales sin autorización expresa de la empresa, etc.
Cuestiones todas ellas, que a buen seguro, pueden hacer arrepentirse al propietario de la decisión de poner en el mercado su propiedad. Por no haberlas considerado a la hora de tomar la decisión.

Fdo. Sergio Landaberea Barrio


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